La Comisión Europea ha impuesto este miércoles una multa de 138 millones de euros a las empresas Infineon, Philips y Samsung por pactar precios en el mercado de chips para tarjetas entre 2003 y 2005, vulnerando las reglas de la UE que prohíben los cárteles. La compañía Renesas (una empresa conjunta de Hitachi y Mitshubishi), que también participó en los acuerdos ilegales, se libra de la sanción por haber sido la primera en delatar su existencia ante Bruselas.

«En la era digital, casi todo el mundo utiliza chips para tarjetas, en su teléfono móvil, su tarjeta de crédito o incluso su pasaporte», ha resaltado el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia. «Es esencial que las empresas que los fabrican se apliquen sobre todo a hacerlo mejor que sus rivales, innovando y ofreciendo los mejores productos a los precios más interesantes. Si, por el contrario, eligen llegar a acuerdos en detrimento de los clientes y los consumidores finales, se exponen a sanciones», ha avisado.

Las empresas implicadas en el cártel llegaron a acuerdos ilegales gracias una red de contactos bilaterales que tenía como objetivo decidir sus respectivas respuestas a los clientes que reclamaban bajadas de precios, según la investigación de Bruselas. Las compañías intercambiaron datos comerciales sensibles sobre los precios, los clientes, las negociaciones contractuales, las capacidades de producción y su comportamiento futuro en el mercado.

Este tipo de prácticas, según ha resaltado el Ejecutivo comunitario, son contrarias a los artículos del Tratado que prohíben los cárteles y las prácticas comerciales restrictivas.

Bruselas exploró la posibilidad de concluir una solución acordada con algunas de las empresas afectadas mediante un procedimiento de transacción. No obstante, en 2012 interrumpió las discusiones y volvió al procedimiento normal dada la falta de progresos en las negociaciones.

La mayor multa, de 82,8 millones de euros, corresponde a la empresa alemana Infineon. La coreana Samsung se ha beneficiado de un descuento del 30% por haber colaborado con la investigación y tendrá que pagar 35,1 millones de euros. Por su parte, Philips ha cedido sus actividades en el dominio de los chips para tarjetas después de la infracción, pero sigue siendo responsable de lo ocurrido antes y su sanción asciende a 20,1 millones.