«La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza». Estas palabras de George Orwell, en la obra 1984 reflejan de alguna forma la situación que más de 300 personas han denunciado en Corea del Norte ante Naciones Unidas. Un país que vive en alerta continúa por la posibilidad de un ataque, que sin embargo, nunca se produce. Una dinastía hermética, que desde hace años amenaza en momentos puntuales con ataques belicistas, para legitimar su régimen. Ante las escaladas de violencia, no responden ni Corea del Sur, ni el garante último de su seguridad, Washington. Pero hasta ahora han servido para cerrar grietas de cara al interior y por qué no decirlo, imponer algunas de sus condiciones de cara a la comunidad internacional, que desde hace años juega a mantener el statu quo en la región.

La otra información, la de los periodistas que entran en el país se mide con cuentagotas, y precisamente por la falta de contexto, corre el riesgo de ser manipulada o sesgada según intereses ideológicos. Por eso, muchas veces  lo que leemos acerca de Corea del Norte no nos parece creíble. Quizá porque no queremos creer que el horror de los campos de concentración o las purgas, pueda seguir existiendo ante la pasividad de la sociedad internacional. Y menos aún, que el 100.000 de la población de un país de 25 millones de habitantes,  pueda estar interna en estos campos.

Organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rigth Watch denuncian constantemente la violación de Derechos Humanos de Pyongyang sin obtener gran repercusión. Pero las cosas están cambiando. Después de 60 años de régimen, Naciones Unidas ha puesto nombres y apellidos a más de 300 antiguos internos de campos de prisioneros políticos, desertores y expertos. Les ha dado voz, lápiz y papel. La respuesta: han quedado documentados crímenes contra la Humanidad. Las 372 páginas del informe constatan masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos como privación de alimentos, ejecuciones sumarias, desapariciones forzosas y tortura. Demuestra la existencia de al menos cuatro campos en los que estarían recluidas entre 80.000 y 120.000 personas. En el informe se incluye también una carta del presidente de la Comisión, Michael Kirby, dirigida al líder norcoreano, Kim Jong-un, en la que le recuerda que como máximo responsable de todo el aparato del Estado debe asumir la responsabilidad de estos crímenes.  Para ello la comisión de Naciones Unidas ha defendido la imposición de sanciones internacionales dirigidas contra la cúpula que gobierna el país, siempre y cuando no afecten a los ciudadanos de a pie.

Lo importante no es tanto el contenido de los testimonios sino el valor que le otorga el aval de una organización multilateral como Naciones Unidas. Los estados ya no pueden alegar desconocimiento ante las violaciones de Derechos Humanos, y esto es un paso adelante, sobre todo en materia de presión o sanciones contra el régimen.  Sin embargo, lo cierto es que Kim Jong-Un no podría ser juzgado por la Corte Penal Internacional, dado que necesitaría el apoyo de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y China ya lo ha descartado. Según el informe la potencia asiática habría sido cómplice de estos crímenes al expulsar a refugiados norcoreanos.  Algo que la portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores ha negado «sobre la cuestión de los desertores norcoreanos, nuestra posición es muy clara. Lo manejamos correctamente, conformemente al derecho internacional y a los principios humanitarios». Su posición respecto a este nuevo informe es fundamental ya que, como han señalado numerosos analistas, es China quién tiene en sus manos la supervivencia del régimen de Kim Jong Un, siendo el aliado comercial y militar más importante de Pyongyang,