Europa ya está decidiendo quiénes serán los representantes de los ciudadanos en el Parlamento Europeo durante los próximos cinco años. En materia de movilidad, los partidos políticos tratan de convencer al votante con nuevas propuestas que van desde posponer la prohibición de venta de los coches de combustión hasta aumentar las multas por entrar en las zonas de bajas emisiones de las grandes ciudades.

Desde 1979, los eurodiputados se eligen directamente por los ciudadanos de los diferentes países de la Unión Europea (UE). En el caso de España, se tendrán que elegir a un total de 61 representantes, entre un total de 33 candidaturas, que ofrecerá una correlación de fuerzas entre las principales formaciones políticas nacionales como son el PSOE, el PP, Sumar, Vox o Podemos, entre muchos otros.

Sin embargo, en la Eurocámara los partidos políticos se organizan en función de su afinidad ideológica, no por nacionalidades. Actualmente, existen siete grupos políticos en el Parlamento Europeo donde se inscriben la mayoría de cargos electos aunque hay quien decide no formar parte de ninguno y entra en el grupo de los no inscritos.

En materia de movilidad, energía e industria el automóvil la disputa entre las diferentes formaciones queda latente en virtud de las propuestas con las que pretende llegar al votante.

EL PP ABOGA POR MANTENER LA COMBUSTIÓN

El Partido Popular abogan por posponer la prohibición de venta de coches de motor de combustión que la Comisión Europea –bajo la presidencia de Úrsula von der Leyen, de la misma familia política– quiere imponer desde 2035.

En este caso, dicen que se tendrá que hacer una vez «se alcance la electrificación en España» con la cobertura suficiente en todo el país garantizando la adquisición de vehículos eléctricos para las familias.

Además, entienden que el Ejecutivo comunitario y los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países que componen la UE deben «dar pasos más decididos» para garantizar que la infraestructura de carga de los vehículos eléctricos en Europa es la adecuada.

También le preocupa la crisis de competencia que pueda abrir China al PP aunque en este apartado se limita a presionar para paliar las diferencias con las marcas del gigante asiático y las facturas de los fabricantes tradicionales europeos.

En otro orden de asuntos, la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo quiere crear una normativa que garantice el mantenimiento y buen estado de las autovías y autopistas en España, en este caso, con la promesa de desplegar una red que conecte a la Península Ibérica con el resto de la UE. Al tiempo, se aboga por eliminar los costes extra por maletas o viajar con niños y más multas a las compañías por los retrasos, entre otros, de los vuelos.

EL PSOE PIDE MÁS MULTAS PARA LOS QUE NO CUMPLEN

En el caso de las propuestas que lanza al electorado el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se focalizan en «garantizar el cumplimiento de los compromisos climáticos, ambientales y sociales derivados del Pacto Verde Europeo».

Pedirán a Europa, según su programa, transporte público más asequible y sostenible. Ponen especial énfasis en el impulso del Corredor Atlántico, las zonas rurales y el Mediterráneo.

Sobre la contaminación, en aras de cumplir con lo ya firmado, abogan por el concepto «quien contamina paga», bonificando o finalizando fiscalmente a las empresas que no cumplan con sus objetivos climáticos. Además, piden multas para las ciudades que no implanten las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y cumplan los requisitos para hacerlo como, por ejemplo, tener más de 50.000 habitantes, esto son, unas 150.

VOX QUIERE REVERTIR LOS ACUERDOS

En el caso de VOox, la dirección apuesta por revertir el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 y que, por lo tanto, se mantengan los coches de combustión más allá de 2035 y 2050. En general, quieren poner fin a cualquier medida que «criminalice» la industria del automóvil.

SUMAR QUIERE ADELANTAR LOS OBJETIVOS

Hacia la dirección opuesta enfilan el camino de propuestas en Sumar donde llevan en su programa electoral adelantar la reducción de emisiones de gases contaminantes a 2040. En concreto, propone reducir las emisiones de los Estados miembros en un 65% para 2030 en vez de en un 55% como está recogido.

En la coalición que dirige Yolanda Díaz se fijan en el ejemplo alemán y quieren crear una tarifa plana europea de transporte público para viajar entre países comunitarios al tiempo que piden inversión en infraestructuras.

A través del instrumento de los planes de movilidad urbana sostenible quieren desplegar en todas las ciudades de Europa una red de carriles bicicleta y para vehículos de movilidad personal y revertir sus prohibiciones en algunas urbes del continente.

PODEMOS HABLA DE FISCALIDAD Y ELÉCTRICOS

Asimismo, en el caso de Podemos apuestan por aumentar la presencia del coche eléctrico y abaratarlo a través de una mejor fiscalidad con reducciones al impuesto de matriculación para los eléctricos –en España ya es así– e híbridos.

El objetivo es llegar a 25% de cuota de mercado de vehículos eléctricos el año que viene y hasta el 70% en 2030 para tener una flota completamente ‘verde’ a principios de la década de 2040.

Cree el partido que representa Irene Montero que hay que abaratar el transporte público y quiere hacerlo gratuito para los menores de 26 años en toda Europa con viajes que cubran trayectos nacionales e intracomunitarios.

Dentro de las ciudades, cree la formación morada que se debería circular por todas sus calles a, como máximo, 30 kilómetros por hora. A través de una directiva europea quieren que las ciudades de más de 50.000 habitantes y las empresas con más de 100 empleados tengan que establecer planes de movilidad que «incluyan rutas, acceso y transporte alternativo al coche privado».

Además, en el transporte por carretera plantearán un Programa Europeo de Reducción de Emisiones para impulsar los camiones eléctricos y de combustibles alternativos, aunque no se especifica a qué se refieren en este punto concreto.

EL GRAN RETO DE CHINA

Así las cosas, uno de los retos más acuciantes para el sector del automóvil europeo sigue siendo la guerra comercial con China. Los aranceles que la Unión Europea tiene previsto aprobar a la importación de vehículos eléctricos procedentes de China podrían costarle a Pekín casi 4.000 millones de dólares (más de 3.600 millones de euros) en intercambios comerciales con el bloque comunitario.

En consecuencia, el número de vehículos eléctricos chinos importados a la UE se reduciría en una cuarta parte –unos 125.000 coches– si Bruselas impusiera un arancel del 20%, acorde a los datos ofrecidos en el último análisis sobre la economía mundial del Instituto Kiel.

Las ventas de vehículos de producción local –puramente europea– aumentaría, probablemente, en la misma proporción.

De momento, China no ha anunciado oficialmente ninguna represalia, aunque Pekín ha señalado que está dispuesta a imponer aranceles de hasta el 25% a los automóviles importados con motores de gran cilindrada, lo que afectaría sobre todo, a Mercedes-Benz y BMW.

Sobre esto, comenta Palacios que «la entrada de los competidores chinos se puede ver como «una oportunidad» a efectos de distribución, a pesar de que fabrican con costes operativos mucho menores que las marcas occidentales», si bien el directivo reconoce que esta situación puede terminar derivando en una reducción de la estructura de marca del país y, a futuro, minar la rentabilidad de la red comercial.

A cuenta de este asunto, Estados Unidos ha anunciado que aplicará la subida de aranceles del 25% al 100% para la importación de vehículos eléctricos de China desde el próximo 1 de agosto, cuando entrarán en vigor también los incrementos a la compra de baterías, microchips para la industria tecnológica y productos médicos.