El Tribunal Constitucional, que solo se ha pronunciado sobre el recurso y no sobre el fondo del mismo, ha asegurado que resolverá "en próximas fechas". Tiene un plazo de cinco meses para levantar la suspensión, mientras que la Junta tiene 15 días para personarse y presentar las alegaciones que crea oportunas.

La ley andaluza fue aprobada el pasado 1 de octubre y derogó el decreto ley de Andalucía de abril sobre este mismo asunto y que, en su momento, ya fue objeto de otro recurso de inconstitucionalidad, que también supuso su suspensión cautelar.

Ahora el Gobierno considera que la nueva ley reproducía en esencia el contenido del decreto anteriormente recurrido y, por ello, reiteró los motivos expuestos en ese momento para adoptar de nuevo esta decisión. En concreto, el Ejecutivo central entiende que la ley antidesahucios es inconstitucional por definir el contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda, utilizando para ello competencias de la Comunidad Autónoma en materia de vivienda y urbanismo. El recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy entró en el TC el pasado 18 de diciembre, varios días después de anunciarse por el Consejo de Ministros.

Según Cortés, la ley antidesahucios cumple escrupulosamente la Constitución. La consejera opina que el recurso "está más provocado por que al PP le molesta que haya alternativa y que IU sea Gobierno en Andalucía".