Durante un año el Ejecutivo ha trabajado en un informe que le ha servido para detectar los principales problemas de la Administración pública y en este consejo de Ministros han tratado de darle solución continuando así con la reforma del sector publico. Hoy han salido adelantes varias leyes por las que se pretende reducir la estructura de la Administración Pública, las retribuciones y también los cargos públicos.
El proyecto de ley de racionalización del sector público contempla la supresión, extinción o integración de organismos públicos para lograr un ahorro estimado de más de 33,5 millones de euros, según anunció en su momento la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Entre las iniciativas contempladas en el proyecto aprobado hoy, por ejemplo, están la fusión del Instituto Nacional del Consumo y la Agencia de Seguridad Alimentaria, ha indicado la portavoz del Gobierno. También está la integración parcial de la sociedad estatal España Expansión Exterior en el ICEX.
Según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno ,Soraya Saenz de Santamaría, estas leyes se centran en reducir, problemas públicos importantes como la morosidad de la administración, la complejidad y el tamaño de la misma y la ruptura de la unidad de mercado. En este sentido ha anunciado que gracias a las medidas emprendidas se ha conseguido reducir el periodo de pago de la administración de 37 a 37 días, gracias al plan de erradicación de la morosidad.
Para conseguir el objetivo de tener una administración más barata y eficaz también han aprobado medidas que, a su juicio, fomentarán la cooperación entre las instituciones y la lucha contra la ruptura del mercado.
Dentro del proyecto de ley de racionalización del sector público, el equipo de Gobierno ha aprobado un régimen jurídico sobre los consorcios relacionado con sus efectos, liquidación y plazo de adaptación de estatutos y derecho supletorio.
En la futura ley de régimen jurídico se incluirá un régimen jurídico integral (creación, adscripción, funcionamiento y disolución) y básico referido a los consorcios que derogaría esta regulación y lo previsto en la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado una encomienda general para la prestación de servicios de administración electrónica por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda en el ámbito de la Administración General del Estado.
