Esperanza Aguirre ha reenviado el borrador a diferentes instituciones y organizaciones como entidades bancarias o asociaciones de consumidores para que hagan las aportaciones y alegaciones oportunas. La presidenta regional de Madrid destaca la diferencia entre los contratos de garantía hipotecaria sobre el inmueble que se compra, y que basta con entregar la vivienda para saldar la deuda, y los que son préstamos personales con garantía hipotecaria, con los que no sólo se compromete la vivienda, sino también los bienes presentes y futuros del tomador del préstamo. Las infracciones de la futura ley hacen referencia a no dar información previa, o que no coincida con el contrato que luego se firma. En este sentido, Aguirre pretende multar con cantidades entre los 15.000 y 600.000 a las entidades financieras que incumplan la normativa en materia de transparencia
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