Durante este miércoles, la Junta de Andalucía va a publicar en su Boletín esta normativa, que buscará impedir los desahucios en una comunidad en la que se calcula que hay entre 700.000 y un millón de viviendas vacías.  Según la Junta, la mitad de estas viviendas corresponden a personas jurídicas, que serán las únicas que se verán afectadas por estas medidas, con lo que los propietarios particulares quedarán eximidos.

Concretamente, serán bancos e inmobiliarias los que tendrán que mirar con atención este decreto ley de Medidas para asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. Un decreto en el que destacan dos novedades: por un lado la expropiación del uso de la vivienda a los bancos durante un máximo de tres años en caso de desalojos de familias en riesgo de exclusión social. Y por otro, la penalización con hasta 9.000 euros a las entidades bancarias y a las inmobiliarias que no alquilen sus inmuebles.

La norma ha provocado un auténtio revuelo en la Comunidad y ha abierto el debate sobre la constitucionalidad de la norma.