El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, junto a la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás y al Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, adelantó según se especifica en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, los datos de ejecución presupuestaria trimestral en términos de contabilidad nacional de las Comunidades Autónomas correspondientes al tercer trimestre del año. Según las primeras cifras de avance, el resultado en contabilidad nacional del tercer trimestre del presente año de las Comunidades muestra una evolución compatible con la consecución del déficit estimado del 1,5% del PIB previsto para el conjunto del año.
El conjunto de las Comunidades Autónomas acumuló un déficit de 9.790 millones de euros, lo que equivale al 0,93% del PIB, claramente inferior al 2,2% del PIB registrado en 2011, donde el déficit alcanzó los 23.399 millones de euros al cierre del tercer trimestre.
En términos homogéneos, es decir, descontado el efecto de los adelantos de las entregas a cuenta por importe de 2.188 millones de euros, el déficit fue de 11.978 millones de euros, el 1,14% del PIB. En relación a la Comunidad de Navarra, los datos de déficit del 2,04% del PIB no son representativos a efectos de estimar el cumplimiento del objetivo de déficit. Dicha cifra se debe a una caída de los recursos no financieros de 227 millones (118 millones por IVA y 56 millones al resto de los impuestos sobre la producción, básicamente por la caída del impuesto sobre hidrocarburos).
Este descenso se debe, en parte, al registro de las devoluciones impositivas en el momento del reconocimiento del derecho a la devolución y no cuando se hacen efectivas dichas devoluciones. Parte este descenso se ha compensado con una caída de los gastos de inversión en un 52,6% con relación al año anterior, así como por la disminución de los gastos corrientes en sanidad en un 3,7%.
Prevenir desviaciones
Además el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha remitido un requerimiento individualizado a cada una de las Comunidades donde se les pide el estricto cumplimiento de los Planes Económico-Financieros, teniendo en cuenta la situación en que se encuentra cada una.
