Las principales críticas se centran en el por qué esta Ley no incluye a la Casa Real o por qué según este borrador no se obliga a las administraciones a contestar. Y es que se aplica el llamado silencio administrativo para algunas cuestiones relacionadas con la Seguridad Nacional, Defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, prevención, investigación y sanción de delitos. También la Administarción puede guardar silencio si la divulgación de la información supone un perjuicio para intereses económicos o comerciales, de política monetaria y económica, la propiedad industrial o intelectual y otras cuestiones diversas. Lo que sí se hará público son todos los datos sobre los procedimientos de adjudicación, subvenciones o ayudas públicas que cada departamento concede y convenios que suscribe. También aparecen recogidas las sanciones que contemplan la inhabibiltación de los cargos públicos para las faltas graves, la pérdida del derecho a ser indemnizado con la pensión correspondiente y la obligación de devolver todo lo defraudado incluida una indemnización a Hacienda. Ya se ha abierto el periodo de consultas y a través de la página web www.leydetransparencia.gob.es los españoles pueden acceder a este anteproyecto con sus sugerencias, comentarios o preguntas durnate los próximos 15 días. La Ley se presentará oficialmente el próximo 17 de abril.