La norma que entra hoy en vigor, una vez publicada en el BOE, no ha gustado a gran parte de los colectivos. Así, desde la banca defienden que, aunque entienden la decisión que ha adaptado el gobierno, "el coste económico de las medidas acordadas corre exclusivamente a cargo de las entidades de crédito".

Desde el Partido Socialista, que no ha conseguido alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo, han definido a este decreto como "muy reestrictivo" y un parche". Según ha explicado la secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñeiro, "la moratoria sólo se aplica en la expulsión, lo que implica que en todas las familias en las que se ha iniciado el procedimiento de ejecución hipotecaria seguirán adelante". Un poco más duros han sido desde BNG, quienes han criticado que las medidas son "una auténtica tomadura de pelo, porque dejan los aspectos más importantes sin resolver".