La Fiscalía Anticorrupción, ha presentado un recurso de apelación contra la admisión a trámite de dicha querella.
Entre sus argumentos presenta dos párrafos que son dos autenticas perlas:
En uno de ellos el Fiscal advierte que, “en relación con la comercialización individualizada de las participaciones preferentes por los distintos empleados de las sucursales bancarias que han vendido este producto al inversor minorista considera improcedente iniciar una investigación penal masiva, dirigida contra todos los empleados que vendieron dichos productos (…)
En el otro argumenta que “No puede dejar de insistirse en que una investigación general sobre el posible delito de estafa que se ha podido cometer por los distintos empleados de las sucursales de las entidades querelladas que hayan vendido participaciones preferentes, al margen de carecer de sustento objetivo, supondría convertir esta investigación en un paradigma de macrocausa ingobernable (…)
En definitiva, el Fiscal Anticorrupción se manifiesta decididamente en contra de cualquier investigación masiva, alentando a soterrar cualquier proceso que pudiera convertirse en una macrocausa.
La Fiscalía Anticorrupción ha dejado claro que su existencia – al menos desde su punto de vista – no tiene el más mínimo sentido, ya que si precisamente este no es uno de los supuestos que justificarían el salario de este tipo de personajes, probablemente no encontremos ningún otro supuesto digno de justificarlo.
Solo en esta manera se podrán realizar acciones que infieran en lo que podría considerarse intimidad de las personas; en esta línea, sugiero a su Señoría, el Juez Andreu, que una de las primeras disposiciones, en esta acción generalizada, sea la de recabar copia de los correos internos, estoy seguro que le resultará muy interesante…hasta lo mismo le resultará probatorio de mala praxis, con resultado de engaño (la calificación penal se la dejo a su Señoría). Claro que lo mismo han desaparecido, ¡sorprendentemente!.
Lo que, en mi opinión, está consiguiendo la Fiscalía Anticorrupción es poner de manifiesto lo que realmente defiende: los intereses del Gobierno.
¿Qué intereses puede tener el Gobierno en una operación como esta?
El primero es la defensa, a brazo partido, de una estrategia de política económica que decidió sacrificar al grueso de la sociedad en beneficio de la supervivencia de unas entidades financieras concretas, incapaces de sobrevivir por sí mismas. El revés de una sentencia condenatoria obligaría a restituir lo defraudado, con las consiguientes indemnizaciones y multas, lo que echaría por tierra la pretendida situación de solvencia (todavía queda mucho que decir al respecto, sin necesidad de devolver las Preferentes), obligando a dotar de mayores recursos propios a este agujero negro bancario.
Lo segundo sería que, de la urdimbre de colaboradores necesarios para esta autentica conspiración contra sus impositores – en particular aquellos más indefensos – , se irían descolgando aquellos que menos identificados se encuentren con la misma, y menos beneficio económico le hayan sacado, implicando con sus declaraciones a sus superiores, así en una espiral ascendente y creciente de responsables, que – estoy absolutamente convencido de ello – no finalizaría en los integrantes de los distintos Consejos de Administración de las antiguas Cajas integradas en Bankia.
José Barta
20 de junio 2013
