Mirando a lo concreto, los ministros centran su agenda en torno a dos aspectos: el posible impuesto a las transacciones financieras que en su día propuso la Comisión Europea y su énfasis en limitar los desequilibrios. 

Para evitar futuras crisis de deuda, los 27 deben fijar los indicadores que servirán de medición para esos desequilibrios y que podrían pasar por el nivel de déficit, de paro o del precio de la vivienda. En caso de salir adelante, significaría que, por ejemplo, el elevado desempleo en nuestro país podría llegar a costarnos unos 1000 millones de euros.

Eso sí, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, matiza que las multas sólo se activarán si los gobiernos afectados no hacen nada por solucionar el problema. La ministra de Economía ha dicho además que los desequilibrios vienen de muchos años y atrás y que ahora hay menos margen de maniobra desde el ejecutivo nacional de solucionarlo.

En cuanto a la tasa que gravaría las transacciones financieras a partir de 2014, los países de la UE  todavía no tienen una postura unánime. Bélgica y Austria opinan que, al menos, debería implantarse en la zona del euro mientras que Reino Unido y Suecia se oponen todavía a esta iniciativa. Como argumentos sostienen que se incrementaría el coste de refinanciación para los países endeudados y supondría un encarecimiento del crédito para los contribuyentes.