El Ministerio de Empleo ha hecho oficial el acuerdo entre los servicios públicos y las agencias privadas de trabajo, para la colaboración en la inserción laboral de determinados colectivos y para prevenir fraudes con las prestaciones. La medida, que fue aprobada el pasado 2 de agosto durante el Consejo de Ministros, dotará a las agencias de colocación de un incentivo en el caso de denunciar ciertas irregularidades de los parados.

Las agencias cobrarán una remuneración por denunciar los fraudes

Las entidades seleccionadas tratarán de insertar en el mercado laboral a un determinado número de parados con el objeto de complementar la colaboración público-privada de los servicios públicos de empleo con las agencias de colocación.

Entre las novedades más llamativas se encuentra la compensación por la notificación a las autoridades del incumplimiento de las obligaciones del parado. Esta remuneración para las agencias, supondría un 15% de lo que había percibido por colocar al trabajador, una vez que el SEPE haya inspeccionado y validado el supuesto caso.

Pretende incentivar la inserción de personas en riesgo de exclusión y discapacitados

Las agencias privadas también recibirán un incentivo en el caso de insertar a personas en riesgo de exclusión social o con alguna discapacidad, e incluso, si el trabajador se mantiene un año en su puesto de trabajo.

El plazo para solicitar la participación en el programa por parte de las agencias expira el próximo 30 de agosto, según ha comunicado el Ministerio de Empleo.

El acuerdo, que en principio parece contar con el respaldo de la mayoría de comunidades autónomas, ha encontrado el rechazo en Andalucía, Cataluña y País Vasco.