Las ventajas serán las mismas que para cualquier otro trabajador, pero no tendrán protección frente al desempleo. Así la cuantía asciende a 48 euros, 42 correrán a cargo de la empresa y seis euros los deberá abonar el becario. En estos momentos, según el Ministerio de Trabajo existen 30 mil personas en esta situación. En base a esta cifra inicial, el departamento que dirige Valeriano Gómez prevé recaudar 18 millones de euros al año.
Además, el decreto contempla el rescate de hasta dos años cotizados para aquellos que en su día realizaran prácticas remuneradas sin recibir protección social. Para ello deberá suscribir un convenio especial con la Seguridad Social y abonar 150 euros por cada mes rescatado. Eso sí, el pago no tendrá que realizarse de inmediato y en un único plazo, sino que podrá hacer en el doble de tiempo que se pretende rescatar.
Para acreditar dicho tiempo la Seguridad Social exige un documento, firmado por la empresa u organismo que en su momento empleó al becario, que informe de que este realizó allí prácticas remuneradas. Si la empresa ya no existe o si se niega a facilitar el papel, la Seguridad Social recomienda dirigirse a sus oficinas para que sea la inspección la que rastree el caso. No obstante, el procedimiento se antoja complejo y probablemente el organismo tenga que ser flexible en el reconocimiento de las prácticas antiguas.
