Cuando esa documentación llegue los peritos de la Administracion y de Anticorrupción serán los encargados de evaluar si existen hechos constitutivos de delito. En caso afirmativo se abriría un proceso de pruebas testificales o en su caso, dice Torres -Dulce, se citaría como imputada a alguna persona.

Son solo posibilidades que el fiscal general del Estado no quiere dar por hecho, Torres-Dulce, prefiere ser prudente debido a la “situación propia de las entidades” y también añade, a la situación económica del país. El fiscal general reconoce también que existe una demanda social para que se investiguen las actividades de los bancos aunque también reconoce que si esa demanda no existiría, el caso Bankia por si solo se merece una  investigación.