El presidente del sindicato de funcionarios CSI-F, Miguel Borra, ha mostrado su temor de que la reforma de la Ley de la Administración local incluya una bajada del sueldo del colectivo: “una limitación en el complemento específico, que es algo que sólo cobran los funcionarios, supondría una bajada salarial y atentaría contra la autonomía de la administración local”, ha criticado. En este sentido defiende que la ley pretende establecer un máximo para los complementos salariales de cada grupo, algo que resulta complicado ya que cada ayuntamiento es diferente. Y por ello avisan: “si esto sale adelante, tendremos que ver qué tipo de medidas tomamos”.
Una declaraciones del sindicato CSI-F que llegan después de que el Ministerio de Hacienda se haya apresurado a desmentir una posible rebaja salarial a los funcionarios municipales. Un hecho que también ha suscitado las criticas de los sindicatos: “Parece que primero lanza la piedra y luego esconde la mano. El anteproyecto de ley lo está gestionando el partido Popular de una manera opaca”, añaden.
Así, Miguel Borra ha explicado que ellos han hecho las aportaciones dentro del plazo que marcaba la ley. “Ahí, uno de los aspectos que más hemos criticado es que quieran modificar de forma unilateral las condiciones laborales de este casi medio millón de empleados públicos al servicio de las administraciones locales”. Una situación que, asegura, ha generado “una gran tranquilidad entre estas personas que trabajan en los ayuntamientos, porque no saben qué va a pasar con sus sueldos”.
Otras quejas
A los funcionarios tampoco parece haberles gustado la posible externalización de servicios que refleja esta normativa: “que las empresas privadas cojan una parte importante del pastel de servicios que están prestando los Ayuntamientos, puede ser grave para los ciudadanos y para el conjunto de nuestro país". Así, Miguel Borra defiende que se trata de una “privatización velada de nuestros servicios”.
Pero no todo son aspectos negativos. Desde el colectivo de los funcionarios también reconocen que hay partes de la administración local que les parecen bien y otras en el que se debería haber ido más lejos. “Parece que se va a limitar el número de asesores a 6.489, pero nos siguen pareciendo muchísimos. Además, no se dice cuantos había ahora, aunque estamos seguros que más del doble”, ha explicado al respecto Borra. Con todo ello, ha explicado que se ha pedido al Ejecutivo que de un paso adelante y que diga qué tienen que hacer los ayuntamientos y qué no tienen que hacer, “para no estar siempre al arbitrio del político de turno”.
