El Gobierno está dispuesto por ahora a sacrificar algo de crecimiento, a cambio de poner orden en las cuentas de las Autonomías. Así se lo ha hecho saber a las Comunidades Autónomas, a quienes les ha prometido liquidez desde el ICO, a cambio de someterse a una estricta dieta de gastos. Eso sí, quien se salte el régimen será sancionado. Uno de esos castigos será el que anunciaba esta misma mañana el titular de Hacienda, Cristobal Montoro: el ejecutivo impulsará un cambio de ley para que se pueda exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que incumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria marcados por el Gobierno. Responsabilidad penal para los que gasten más allá de lo que tienen o para quienes falseen las cuentas en sus administraciones. Era uno de los anuncios de campaña y supone una sanción para las regiones que se sumaría a otras como la intervención en las cuentas de aquellas comunidades que no cumplan dichos objetivos .

Un día después del Consejo de Política Fiscal y Financiera las comunidades han aceptado la idea de ajustarse a un techo de gasto y celebran el anuncio de que recibirán liquidez, a través de préstamos ICO. Así, por ejemplo, lo han manifestado  las consejeras de economía de Andalucía y Castilla y León. En el caso de Andalucía ya han reducido un 48% el núemros de empresas públicas. Castilla y León sólo ha eliminado 7 organismos aunque estudia más ajustes. En el momento en que presenten unos planes viables recibirán esa financiación, que el ejecutivo calcula para dentro de dos meses.   Esta liquidez que se va a dar a través del ICO no computa en términos de contabilidad nacional, por lo que no se amplía el déficit del Estado.

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El mismo plan que se ha pensado para las autonomías, se va a llevar a cabo en los Ayuntamientos. Ahora hay que poner negro sobre blanco, y en tres semanas se volverán a reunir para conocer los detalles definitivos.