El fraude consistía no sólo en eludir el pago del IVA que rquiere la transmisión del inmueble, sino también en la deducción en la que se beneficiaba el banco posteriormente. Cuando una empresa recurría a la dación en pago para liquidar una deuda pendiente con un banco, la entidad adquiría el inmueble por un determinado valor más lo correspondiente al IVA y la empresa liquidaba el pago del impuesto con Hacienda.

De esta manera, la empresa entregaba el bien al banco, y además era la responsable de liquidar con Hacienda, pese a que no había recibido compensación económica para satisfacer ese pago. Después las entidades financieras podían deducir el pago por la adquisición, ya que operaban mediante sociedades de gestión de activos inmobiliarios.