El proyecto, que afecta a las tres administraciones del Estado -central, autonómica y local-, reduce los trámites burocráticos a los emprendedores, con el objetivo de situar a España en relación a los plazos de creación de una nueva empresa en un lugar similar al de otras potencias europeas, como Alemania, Francia o el Reino Unido. 

Con esta nueva normativa, el Gobierno quiere reforzar el tejido empresarial y mitigar los efectos de la crisis económica. Para ello contempla bonificaciones fiscales, medidas para mejorar la financiación de las PYMES e incrementar su seguridad y protección legal.

Entre otras medidas concretas, se pagará el IVA cuando se cobre la factura, habrá cotizaciones más bajas para pluriempleados, ventajas por reinversión, abaratamiento de los costes iniciales, entre otras. Además, esta nueva norma también va a traer la posibilidad de conseguir el permiso de residencia en caso de querer invertir en España. Viejas reivindicaciones de distintos sectores que, según el presidente de ATA Lorenzo Amor, va en la buena dirección.