Dicho impuesto, con efectos desde el 1 de enero de 2013, motivó su creación para asegurar un tratamiento fiscal armonizado que garantizara la eficiencia del sistema financiero y reguló un tipo de gravamen del 0% a la espera de cuantificar el tipo mínimo que asegurara recursos suficientes para compensar a las comunidades autónomas (Extremadura, Andalucía y Canarias) que hubiesen regulado un hecho imponible similar con anterioridad al 1 de diciembre de 2012.

"El interés de este impuesto no es tanto recaudatorio como de ordenamiento de nuestro sector bancario para facilitar el crédito bancario dirigido a promotores de actividad económica, a emprendedores, que son los que nos tienen que sacar de esa crisis", dijo entonces Montoro.

Ante ello, Hacienda dice que "carece pues de toda lógica prever una recaudación de 3.000 millones cuando los estudios que se están realizando prevén una cifra a compensar a las comunidades autónomas muy inferior".

Así, según la información que maneja el Ministerio, el tipo a establecer estaría en torno al 0,1 ó 0,2 por mil.