El juez investigará a los responsables de los folletos de participaciones preferentes de las cajas que dieron origen a BFA-Bankia. Analizará si pudieron cometer hasta 6 delitos: estafa, estafa de inversores, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración engañosa o desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas.

En cambio, rechaza actuar contra el ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el ex presidnte de la CNMV, Julio Segura. En el auto, de 70 páginas, Andreu señala que UPyD mantiene en la querella que ambos permitieron "el encubrimiento de la presutna estafa" pero también recuerda que la formación enumera los informes y advertencias que los dos supervisorres realizaron sobre las preferentes. Por tanto, concluye que no pretendieron enmascarar el resultado del delito y que "no se ha configurado, ni si quiera de forma indiciaria, su participación" en los hechos.  

De esta forma, el magistrado se opone al criterio de la Fiscalía, que señaló que el lanzamiento y la venta de preferentes no constituye delito ni se puede determinar que hubiera "un plan preconcebido" para su gestión y diseño. Andreu sí coincide con el Ministerio Público en que "debe romperse el mito de acudir preferentemente a la vía penal”, cuando se puede obtener respuesta más rápida y eficaz ante la vía civil y contenciosa. Según el juez, los perjudicados no tienen obligacion de acudir a la vía penal para actuar contra quienes les vendieron un producto financiero demasiado complejo y que ahora no les permite recuperar el dinero invertido.