Del auto del juez se deduce que las cantidades que presuntamente recibieron los dirigentes populares no son suficientes para llegar la categoría de delito fiscal, por eso, Ruz pide  atención “especial” para Gonzalo Urquijo, el arquitecto que reformó la sede central del partido popular, y de su sociedad mercantil Unifica Servicios Integrales. Ruz también ha pedido un informe a la Intervención General del Estado para que diga si existe un delito de cohecho en los contratos públicos que recibieron las empresas supuestamente donantes. Por último, el juez  también ha traslado a la Fiscalía la petición de ADADE para que Rajoy y otros dirigentes populares comparezca como testigo.