El Consejo de Ministros ha autorizado hoy el endeudamiento de las 14 comunidades autónomas que se han acogido al mecanismo extraordinario de pago a proveedores para la suscripción de los préstamos con el Fondo para la Financiación de los Pagos a los Proveedores.
En concreto, se autoriza a las comunidades de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, IIles Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-la Mancha, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid, Región de Murcia y Comunitat Valenciana para tomar préstamos a largo plazo, por un importe agregado de 17.718,5 millones de euros, para el pago de las obligaciones con sus proveedores incluidas en el ámbito de aplicación de los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del 6 y 22 de marzo de 2012, respectivamente.
Tras esta autorización, todas las comunidades autónomas, salvo Galicia, País Vasco y Navarra, que decidieron quedarse fuera de la operación, firmarán a partir de la próxima semana el contrato de préstamo con las entidades colaboradoras.
Estos dos pasos previos permitirán que el Fondo comience a realizar los pagos directamente a los proveedores la última semana de junio a las cuentas corrientes facilitadas por los proveedores.
En total, se abonarán 3.794.532 facturas pendientes por un importe de 17.718,553.729,10 euros a un total de 29.107 proveedores de comunidades autónomas, de los que 7.598 son personas físicas, 20.954 son pymes y 555 son grandes empresas.
Por importe, la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña son las que tienen mayor cantidad pendiente de pago. En cuanto al número de proveedores que se beneficiarán se sitúan en primer lugar las comunidades de Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Cataluña.
La grave situación financiera en la que se encuentran las administraciones públicas, agravada por las restricciones a las que han tenido que hacer frente las comunidades autónomas para la obtención de financiación ajena,
ha generado retrasos en el pago de las obligaciones frente a sus acreedores con el consiguiente deterioro de la situación de liquidez de las empresas proveedoras de bienes y servicios.
