El que fuera presidente del Foro de Ermua hasta septiembre de 2007, y desde esa misma fecha y hasta julio de 2009, miembro promotor del partido político Unión, Progreso y Democracia ha asegurado que “el anuncio del cese definitivo de la banda terrorista es una buena noticia, aunque indudablemente hay que tomarlo con mucha cautela, puesto que en el mismo comunicado señalan que quieren abrir un proceso de negociación con el Gobierno, y de ninguna manera se refiere a que haya decidido disolver la propia organización”.
Sin embargo, Buesa asegura que “aunque la intención de la banda no fructifique, mientras dure la ausencia de actividades terroristas asistiremos a un mejor comportamiento de la economía en el País Vasco. A pesar de la crisis actual, sí se ha visto algún elemento diferencial en los dos últimos años; en el País Vasco las cosas han sido menos malas”. Y es que, tal y como demuestra Alberto Colino, profesor titular de Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos, en los períodos de tregua “se experimenta un crecimiento muy importante que redunda en la progresión de la economía vasca”.
Además, el que fuera Presidente del Foro de Ermua, asegura que “ETA ha manejado en los últimos años alrededor de veinticinco millones de euros anuales para desarrollar sus fines políticos”. Fue después de la ilegalización de Batasuna cuando “se redujo su volumen de recursos a unos nueve millones de euros anuales”, aunque “actualmente asistimos a un repunte de la economía en el terrorismo, después del éxito que tuvo Bildu en los comicios del pasado 22 de mayo, que le supondrán un total de cuarenta millones de euros anuales”.
Respecto a la relación de la banda con las entidades bancarias, Buesa ha dejado claro que “no ha habido colaboración entre las cajas y la banda terrorista, porque todas esas gestiones fueron absolutamente legales”. No obstante, ha matizado que “financiar el terrorismo no ha sido un delito hasta el año 2010”, de manera que cuando el Tribunal Supremo liquidó los bienes de Batasuna, quien los recibió fue la Caja de Ahorros de Navarra y la de Guipúzcoa debido a las deudas crediticias que la organización mantenía con dichas entidades.
