Los ministros de Economía de los 27 se vuelven a reunir hoy en busca de un acuerdo sobre la nueva directiva para gestionar la reestructuración bancaria y para establecer qué acreedores deben asumir pérdidas en futuras crisis.
Un segundo intento para el Ecofin, tras el fracaso del pasado viernes, cuando el principal escollo fue el grado de flexibilidad que debe permitirse a las autoridades nacionales para salvar a determinados acreedores de las quitas. El objetivo de la directiva es que, en el futuro, sean los accionistas y los acreedores, y no los contribuyentes, los que paguen quiebras bancarias, y evitar fiascos como el rescate de Chipre.
En principio hay disponible un mecanismo que pondría hasta 60.000 millones de euros, que se activarían una vez que los accionistas y los mecanismos de resolución nacionales ya hayan puesto toda la carne en el asador. Sin embargo, desde Alemania reclaman ahora modificaciones en el mecanismo de supervisión de la autoridad bancaria europea, y también en el fondo de rescate. Unos cambios que podrían conllevar también tener que meter mano a los Tratados de la Unión Europea, lo que podría retrasar el acuerdo durante meses o, incluso, años.
De cara al Consejo Europeo