La intención es que haya unas quitas de entre el 20 y el 25% de las deudas que queden pendientes, y que el ejecutado quede liberado si paga, en cinco años, el 65% de lo que reste de la deuda. Además, ésta sólo se podrá ver  incrementada con el interés legal del dinero hasta el momento del pago. 

La propuesta pasa también por ampliar los umbrales para evitar desahucios en casos de vulnerabilidad económica. Así, se eleva a 4 veces el Iprem (25.560 euros) para los casos en el que algunos de los miembros familiares tenga una discapacidad superior al 33% o sea dependiente. Asimismo, incluye a los avalistas, es decir, a familiares siempre y cuando se cumplan las mismas condiciones de exclusión social incluidas en el Código de Buenas Prácticas. 

La enmienda quiere decir que la casa por la que se tiene la hipoteca puede ser desalojada y subastada, y como se puede comprobar no recoge la dación en pago que tanto reclaman algunos grupos como la Plataforma Hipotecaria. Precisamente, se sigue hablando, y mucho, sobre los famosos escraches. De hecho, desde el Partido Popular y el PSOE ya han mostado su rechazo a esta práctica.