El objetivo de esta reforma del Código Penal es endurecer los delitos económicos. Así, va a castigar a los gestores desleales de fondos públicos, a quienes atenten contra la propiedad intelectual y a las empresas que sobornen funcionarios.

Estas son sólo algunas pinceladas que podemos leer hoy en el diario Expansión, donde se detalla que también habrá multas para aquellas sociedades mercantiles que incurran en delito al ejecutar políticas públicas o prestar servicios de interés general.