Íñigo de la Serna, alcalde de Santander y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha defendido que “la reforma de la administración pública es un reto difícil de aplicar, pero va a suponer un cambio sustancial en el reparto competencial”. Así, cree que lo más importante que saldrá de esta reforma es la reordenación del sistema público, que permitirá que cada servicio vaya a aquella administración donde resida la competencia.
Así, ha explicado que actualmente las competencias impropias se llevan casi el 25% de los presupuestos de las entidades locales: “a partir de ahora este porcentaje va a ser menor porque las comunidades autónomas van a asumir servicios que han venido prestando los ayuntamientos por ser la administración más cercana pero no porque les correspondiera legalmente”. Unas declaraciones con las que, según de la Serna, no quiere culpar a las autonomías sino ejemplificar que las entidades locales son las que mejor están cumpliendo con los objetivos de estabilidad presupuestaria. “Cerramos el 2012 con un déficit del 0,15% del PIB, la mitad del límite que teníamos del 0,30% y tenemos un déficit 0 para 2014. Además, nuestra deuda pública apenas representa el 4% del total”, explica el alcalde de Santander. Asimismo, ha adelantado que los ayuntamientos no van a exigir que se modifiquen sus objetivos tras la relajación del déficit por parte de Bruselas: “se están haciendo los deberes, los Ayuntamientos estamos cumpliendo”, ha defendido.
Sobre de dónde saldrá el ahorro que va a suponer la reforma de la administración pública, Íñigo de la Serna cree que la cuestión no está en si se debe reducir el número de concejales, porque el 80% no recibe ninguna retribución. “Lo importante no es el número de entidades sino el coste de los servicios prestados”, ha añadido antes de recordar que los ayuntamientos ya están buscando fórmulas para abaratar estos servicios como prestarlos de forma mancomunada. Además, se ha mostrado convencido de que los ayuntamientos son los que más restricciones se están poniendo y que éstas deberían incorporarse al resto de administraciones.
Preguntado por las valoraciones de los sindicatos, que esta reforma podría provocar el despoblamiento de determinadas zonas, el presidente de la FEMP no comparte esta visión y asegura que lo mismo ocurrió con el plan de pago a proveedores: “los sindicatos advirtieron que esa medida podría provocar la pérdida de nuevos puestos de trabajo y no ha sido así”.
Morosidad de las administaciones
Precisamente sobre la obligación de que las administraciones paguen a 30 días, de la Serna dice que es uno de los retos fundamentales a los que se enfrena el Gobierno, y señala también dos de las barreras que impiden su cumplimiento: la falta de liquidez y la burocracia. “Los problemas vienen, sobre todo, por los propios procedimientos administrativos, en el tiempo que pasa desde que una persona presenta una factura hasta que se realiza finalmente el pago”. Así, aunque reconoce que se va mejorando poco a poco, asegura que todavía falta darle un gran impulso con el uso de la tecnología.
Íñigo de la Serna también ha defendido que el papel de la administración pública es estimular la actividad económica con sus propios recursos. Para ello, ha señalado sistemas como la inversión, las concesiones o la generación de condiciones de entorno para que venga inversión del exterior. “Las administraciones tienen que estimular la actividad económica y, dentro de la austeridad, dedicar el dinero a las prestaciones sociales y a la inversión pública”.
