La norma aprobada hoy en Consejo de Ministros obligará a los cargos públicos, políticos o gestores públicos a informar en todo momento sobre el uso que hacer del dinero público. De esta manera el Gobierno pretende acabar con uno de los principales problemas de confianza que impera entre los ciudadanos, los políticos y la administración pública, mediante la eliminación de la opacidad que existe entre los entes públicos.

Entre las sanciones, se incluirá una pena de inhabilitación para los políticos que oculten facturas, incumplan el límite de déficit público, no aporten la documentación requerida, o despilfarren.

Las sanciones podrían alcanzar, según la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, entre los 5 y los 10 años de inhabilitación para los cargos que cometan infracciones muy graves – como las descritas – o falseen información.

"Si los datos se ocultan o falsean de forma intencionada, será constitutivo de delito, lo que conllevara la inhabilitación durante al menos 10 años y la correspondiente multa", ha señalado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Gracias a lo aprobado, los ciudadanos podrán acceder a una página web en la que se desarrollan las subvenciones, los contratos o los salarios que perciben los cargos públicos, tal y como adelantaba ayer el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.