Alfredo Sáenz fue condenado a tres meses de cárcel e inhabilitación por haber dado instrucciones para que en 1994, Banesto presentara, a sabiendas de su falsedad, una querella criminal por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre. El objetivo era que pagaran los 639 millones de pesetas que debían sus empresas. Alberto Sáenz nunca ha entrado en prisión porque la pena es menor de dos años y no tiene antecedentes penales. Para evitar el cumplimiento de la sentencia del Supremo, que considera además injusta, Sáenz recurrió el pasado mes de marzo al Tribunal Constitucional bajo los argumentos de que se habían vulnerado sus derechos fundamentales. El Alto Tribunal asegura que no “existen razones de justicia o equidad” para que se conceda el indulto. Ahora la decisión final sobre conceder o no ese indulto recae sobre el Gobierno, que es quien tiene la potestad para adoptar esta decisión.