En total son nueve las cajas que han sido presididas o dirigidas por "banqueros" que hoy acumulan querellas por su gestión al frente de las entidades. CCM, Caixa Penedès, Caja Navarra, Banco de Valencia, Bankia, Caja Madrid, CAM, NCG Banco y Banca Cívica han borrado la línea que separaba el sector financiero, con el judicial.

Entre los que más causas tienen pendientes con las justicia, se encuentra José Luis Olivas. Acumula querellas, tanto por su presidencia en Bancaja, como en Banco de Valencia, y por su papel en la vicepresidencia de Bankia.

A parte de la querella colectiva contra todo el consejo de Bankia, Olivas cuenta con una denuncia interpuesta por el FROB por las supuestas irregularidades de una operación inmobiliaria conjunta entre el Banco de Valencia y Bancaja Hábitat valorada en 300 millones. Se le acusa – entre otros – de estafa, apropiación indebida y administración desleal.

Otra de las directivas acorraladas por la justicia es la que ocupó NGC. Anticorrupción presentó el pasado verano una querella contra cinco exdirectivos de Novagalicia Banco por las multimillonarias cantidades adjudicadas en concepto de prejubilaciones.

El escrito está dirigido contra Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán Laza, Óscar Rodríguez Estrada y Francisco Javier García de Paredes Moro, quiénes se adjudicaron a sí mismos sus prejubilaciones, un hecho que la Fiscalía considera constitutivos de un delito de administración desleal o, de modo alternativo, de un delito de apropiación indebida.

Sin embargo, el primero que inauguró la lista de "banqueros" judicializados fue el ex presidente Caja Castilla-La Mancha. Juan Pedro Hernández-Moltó cuenta con un catálogo de denuncias en su contra, aunque la más reciente llegó el pasado mes de julio de 2012.

Manos Limpias demandó a Moltó, a todo su consejo y dirección de CCM, acusándoles de haber cometido delitos societarios, administración desleal, apropiación indebida, estafa y falsedad de documento mercantil, este último delito es el mismo que ha provocado el ingreso en prisión preventiva bajo fianza de 2,5 millones de euros de Miguel Blesa.

En concreto, esta querella acusa a Moltó y al resto de los responsables de la caja manchega de haber concedido créditos a por compromisos políticos o amiguismo sin garantías, algo que según el colectivo querellante, provocó la quiebra de la entidad. Entre las “operaciones” más acusadas que firmó Moltó se encuentra la financiación del aeropuerto de Ciudad Real. Una macro-infraestructura completamente quebrada, actualmente.