El Gobierno ha anunciado una revulsiva medida para paliar las deudas de las administraciones públicas con sus acreedores.
Se trata de un mecanismo que según su responsable, Cristóbal Montoro, irá más allá del ICO y contará con la colaboración de las entidades financieras.
El objetivo es liquidar la deuda comercial que tienen pendiente todas las administraciones, incluidas las haciendas forales, que asciende a 30.000 millones de euros.
Según ha dicho, esta medida debería permitir a las administraciones públicas hacer frente al pago de sus deudas en el plazo de semanas, en los próximos meses.
La parte negativa es que aquellas empresas que empleen este sistema tendrán que renunciar a cobrar los intereses de demora acumulados. Además tendrán que asumir los costes de gestión de la misma.
