Según indicaron a Servimedia desde Nuclenor, empresa participada a partes iguales por Iberdrola y Endesa, se trata de una solicitud condicionada a la espera del informe que en el mes de diciembre solicitaron a la dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda.
Cuando Nuclenor comunicó su decisión de cese definitivo de la actividad de Garoña, ya indicó que éste quedaba supeditado a dicho informe porque entiende que determinará si es viable o no la continuidad de la planta, tras la entrada en vigor de los nuevos impuestos del sector energético.
En su consulta, Nuclenor cuestionaba a Hacienda si el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos tiene o no carácter retroactivo.
Las fuentes consultadas apuntaron que esta solicitud de prórroga no altera la decisión de cese de actividad pero que, de no pedirla, Garoña estaría en una "situación irreversible" si el informe sale después del 6 de julio. Se trata de un "paso adelante para intentar salvar Garoña", sostienen de la empresa propietaria.
Greenpeace alertó esta mañana de esta petición y apuntó que "sin haber cambiado ninguna de las condiciones relativas a la seguridad, sino todo lo contrario debido al paso del tiempo, el CSN no puede conceder una prórroga que ya denegó". Así lo dijo el responsable de la campaña nuclear de esta organización ecológica, Raquel Montón, quien agregó que "el CSN debe elegir entre su independencia y credibilidad o su obediencia a las exigencias de las compañías eléctricas y del Partido Popular".
Por su parte, desde Ecologistas en Acción sostienen que es una "verdadera desfachatez" pensar que se puede evitar el cierre menos de dos meses antes de que éste se produzca y consideran que "esta extraña solicitud al Ministerio de Industria carece de sentido y que la respuesta tendría que ser una negativa rotunda a la nueva prórroga".