De acuerdo con esta nueva normativa, los despidos podrán llevarse a cabo entre el personal laboral que trabaje en empresas públicas y Administraciones, con lo que podría afectar a cerca de un millón de personas. Además, esta medida podrá tomarse cuando se produzcan caídas presupuestarias superiores a un 5% que no permitan mantener la actividad.

Actualmente, la mayor parte de Administraciones y órganos públicos cumplen con esta condición. Sin embargo, desde el Gobierno explican que este ERE podría recaer sobre el colectivo conocido como personal laboral contratado, que asciende a unos 700.000 empleados.

Desde Comisiones Obrebras denuncian que esta normativa es anticonstitucional, mientras Bernaldo de Quirós recuerda que estamos ante una norma elemental que iguala a los trabajadores de las administraciones públicas con los de las empresas privadas. Precisamente durante la jornada de hoy, los sindicatos van a presentar hoy la convocatoria de huelga general ante el Ministerio de Empleo.