El presidente de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (ANPIER), Miguel Ángel Martínez Aroca, ha denunciado en Gestiona Radio que si el Gobierno aplica al sector de las renovables “la quinta medida reductora de las primas” no va a poder hacer frente a sus deudas con la banca que asciende a 18.000. “Eso hará que los bancos tengan que provisionar y tengan que ser nuevamente rescatados”.

Martínez Aroca no se cree que la nueva reforma energética no vaya gustar a las eléctricas. “Estas compañías dan resultados récord en esta situación de la economía española. No me creo que el Gobierno vaya a recortar ese margen de beneficio. Sí me creo que nos va volver a recortar a los más pequeños”, ha señalado.

Sobre el déficit de tarifa ha explicado que el problema se debe a “intereses de cuatro amigos como son las cuatros grandes compañías eléctricas de este país que lo que quieren es garantizarse 6.000 millones de beneficios al año. En lugar de reducir esos beneficios se recorta a las renovables. Se está llevando a la ruina la 55.000 familias que decidieron invertir en energía fotvoltaica”.

El presidente de ANPIER cree que España debe seguir el modelo que la UE viene aconsejando, basado en energías renovables y limpias. “En España no tenemos petroleo, ni gas, ninguna de estas fuentes forma parte de nuestro territorio y por ellas el Estado y las empresas tiene que pagar a terceras países. 45.000 millones por traerlos de fuera. Sí tenemos sol y viento, y es una fuente gratuita y segura”.

Garoña

El presidente de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables considera que el Gobierno está perpetuando un modelo energético “obsoleto y alejado de lo que está pidiendo la UE y Alemania que va a cerrar dentro de nueve años todas sus centrales nucleares”.

Preguntado por la decisión de dar un plazo más de un año a Garoña, ha señalado que le parece “francamente muy mal” y no entiende por qué el Gobierno tiene “tanto interés en insistir en mantener abierta una central nuclear con el peligro que conlleva la cantidad de residuos nucleares y la inseguridad jurídica que genera”. En este sentido ha recordado que Endesa e Ibedrola decidieron no solicitar la renovación de la central y es el gobierno el que insiste en mantener abierta la central contra la propia decisión del gestor.