Los incesantes avisos que se lanzan desde varios organismos y reguladores – el FMI prevé dos años más de recesión para España, el Banco de España acaba de anunciar que espera que la economía caiga un 1,5% en 2012 – han encendido un debate que llevaba algún tiempo dormido; ¿debe el Gobierno privatizar las televisiones autonómicas?

Lo cierto es que el presupuesto de las cadenas que dependen de la Autonomías alcanza los 1.500 millones de euros, un coste demasiado alto para los ingresos que generan y que pesan sobre los hombros de las Comunidades.

Rajoy abre el debate

El Gobierno popular abre esta posibilidad que los socialistas blindaron con la aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, sin embargo el Ejecutivo de Rajoy lanzaba la propuesta el pasado 13 de enero: un anteproyecto de ley que permitirá a las comunidades elegir “libremente” la forma de gestión de los canales públicos regionales.

Son palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que arrojan una medida mucho más ‘light’ que la que propone Álvarez-Cascos desde Asturias: “cerrar las televisiones autonómica”.

Madrid y Castilla-La Mancha a favor de la privatización, Cataluña y Valencia en contra

Algunos Gobiernos autonómicos ya han comenzado tomar decisiones sobre las cadenas públicas, es el caso de Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y María Dolores de Cospedal, la de Castilla-La Mancha, que se han mostrado dispuestas a privatizarlas.

En el lado contrario están Cataluña o la Comunidad Valenciana, que pretenden seguir operándolas tal y como han venido haciéndolo. El vicepresidente del Gobierno valenciano, José Ciscar, ha afirmado que “no queremos privatizar Canal 9“.

Sin embargo la televisión autonómica valenciana está en el centro del debate, tras destaparse que es el ente público autonómico más endeudado de España, y que tendrá que hacer frente a importantes recortes de personal para intentar salvar la situación.