Y es que, a la DGT lo que le importa es recaudar dinero lo más rápidamente posible. Por eso, el nuevo sistema solo admite el pago de sanciones y de tasas a través de una tarjeta de crédito, lo cual es discriminatorio, porque obliga a los conductores y dueños de vehículos a tener que abrir una cuenta de crédito en una entidad financiera.
El pretexto que utiliza el organismo rector del tráfico y circulación de vehículos en España es que, de esta forma, “se agilizan los trámites y se evita burocracia”.
Ante esta nueva situación de pago de sanciones y de tasas de la DGT, surgen varias preguntas: ¿A quien le interesa más que se agilice el pago de los trámites, a la propia DGT o a los usuarios?. ¿Qué puede pasar si la persona que acuda a una dependencia de la DGT a resolver un asunto y no tiene tarjeta de crédito o de débito?. Si cualquier trámite sobre el tráfico o vehículos se ejecuta a través de una gestoría, ¿se exigirá también el abono de este servicio con tarjeta de crédito?. Y, si el usuario afectado ya sea por una tasa o una sanción, no desea tener una de estas tarjetas, ¿no podrá pagar con dinero en efectivo? Y, ¿cuál es el verdadero motivo de la implantación de esta nueva forma de pago?
Da la impresión de que lo que la Dirección General de Tráfico desea es obtener el dinero de las tasas y sanciones lo más rápidamente posible, algo que con un dinero de plástico puede suceder, despreciando así el dinero en metálico.
Creemos que este nuevo sistema que ahora se está probando en Asturias y León es discriminatorio e, incluso, puede llegar a ser inconstitucional. Negar a una persona que pueda abonar los servicios o sanciones de un organismo público con dinero en efectivo, es una medida antipopular, discriminatoria y que obliga a tener relaciones con entidades bancarias, sin desearlo, algo que va en contra del sistema democrático.
Seguro que esta nueva medida que quiere implantarse a nivel nacional ha salido de una de las “privilegiadas mentes pensantes” de nuestra Administración o, posiblemente, de la DGT pero, aparte de que no favorece en nada a los contribuyentes, resta libertad para abonar unos servicios o multas como a uno le de la real gana.
Es de esperar que el experimento no tenga éxito, porque con medidas como ésta, se sigue atentando contra la libertad individual y contra la democracia, algo que ya ocurre con la eliminación de la presunción de inocencia de quienes presuntamente infringen las normas de circulación.
Por cierto, ¿contestará a quien corresponda nuestras preguntas anteriores, con argumentos convincentes?. No lo esperamos.
Wenceslao Pérez Gómez es director de Gestiona Motor
