Salvo sorpresa, todo apunta a que la cantidad obtenida va a ser sensiblemente inferior, demostrando la inutilidad de una medida que pocas veces ha conseguido los resultados esperados. Entre otros motivos, una de las causas de este fracaso es la falta de seguridad jurídica que hay en torno a la norma. Vamos, que por mucho que el Gobierno se empeña en asegurar que no habrá represalias contra los defraudadores, nada les garantiza que no vayan a ser incluidos en una lista negra de cara al futuro.

Termina así una medida que ha sido recurrida al Constitucional por la oposición, que ha puesto en pie de guerra a los inspectores de Hacienda, y que no ha gustado a buena parte de la ciudadanía. Un premio, se dice y con razón, al no se preocupe usted, que si no paga impuestos más tarde o más temprano llegará el perdón y podrá regularizar su situación sin ningún problema. Una medida desesperada en busca del maná que ayude a cudrar las cuentas públicas de un mastodonte público cuyo único objetivo es mantener su estatus. O si lo prefieren, como gusta decir en esta tertulia, conseguir que al loro no le falte el chocolate. El problema es que, cada vez, está más gordo.

Veremos los datos definitivos, pero los inspectores de Hacienda son totalmente pesimistas. Y reclaman, con razón, que se haga de una vez por todas lo que necesita este país. Por un lado una reforma impositiva, que permita actualizar los impuestos al siglo XXI.

¿Se imaginan unos impuestos sencillos, claros, donde no haya que hacer malabares para desgravar? La tendencia, por cierto, es a apostar por la fiscalidad indirecta. Y por otro lado, aumentar la presión y la vigilancia para evitar el fraude fiscal… Pero no sobre el autónomo y la PYME, que también, si no contra ese 71% de fraude que existe procedente de las grandes empresas y fortunas. Una medida que permitiría recaudar anualmente 38.500 millones de euros.