La mayoría de las grandes multinacionales, tienen niveles insignificantes de fraude y corrupción. ¿Que hacen sus departamentos de auditoría interna o compliance para conseguirlo?
1. Segregación de tareas. Por ejemplo, una persona conforma una factura, otra saca el cheque y una tercera lo firma. Para cometer un fraude hay que involucrar a demasiada gente y no es factible.
2. Hay personas ajenas al proceso que pueden auditar online lo que está pasando en cualquier momento. Hay una evidencia física de estos controles.
3. Las personas que hacen las auditorias internas no tienen vinculación sentimental con los “auditados” incluso son de países diferentes.
4. No dependen del Director General o del Financiero si no del Presidente o del Consejo. Al no tener dependencia funcional no reciben presiones directas.
5. La mínima sospecha de fraude o falta de observancia de normas y procedimientos provoca el despido del infractor.
Estas reglas que llevan siglos funcionando, no parece que funcionen en la Administración Pública y los tribunales de cuentas no parecen ser muy eficientes contra la corrupción a nivel regional o estatal.
Entonces: ¿cuál sería la estructura optima para impedir los casos de corrupción? Imaginemos por un momento que nuestra multinacional se llama Europa y España fuera una división de negocio. El modelo a seguir sería:
Los funcionarios para auditar la administración deben ser un cuerpo funcionarial europeo y no nacional. Esto supondría mandar un español a auditar a Finlandia y un finlandés a auditar España.
Se debe conservar el poder de los funcionarios no políticos, de manera que por ejemplo un ministro, no pueda obligar a hacer un pago fraudulento a un funcionario.
Los expedientes abiertos y sancionados provoquen el despido del funcionario independientemente de su rango.
Deben depender de un órgano supranacional Europeo y no de los países.
Si fuéramos capaces de organizar un verdadero cuerpo de inspección Europeo sin localismos o regionalismos, la confianza en Europa como un solo ente sería infinitamente mayor y esto tendría un impacto inmediato en el coste de financiación. El miedo a perder el puesto de los políticos y funcionarios también contribuiría a minimizar los casos de corrupción.
Guillermo Canosa Castillo
