Que Alberto Ruiz Gallardón es un  hombre polémico, es algo que está fuera de toda duda. Que el nuevo ministro de Justicia va a dejar “tardes de gloria” en el Congreso, parece cantado desde que le nombraron. Y a tenor de lo que hemos visto en su primera aparición ante “sus señorías”, no ha defraudado: ha anunciado una completa reforma legislativa y también la llegada del temido copago en la Justicia española.

¡¡¡COPAGO!!! La maldita palabra. solo que disfrazada de “tasa para aquellos que recurran a la segunda instancia”, que ya se sabe que los políticos necesitan palabras que endulcen las malas noticias. Pero sea como sea, el caso es que la polémica está servida y los tertulianos, los medios de comunicación y las redes sociales están que arden.

Ahora bien, uno se para a mirar algunos datos rápidamente, y se da cuenta de que algo hay que hacer para cambiar el rumbo de nuestra Justicia. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sólo en 2010 entraron en los juzgados 9.355.526 casos, se resolvieron 9.217.000 y quedaron pendientes de trámite más de 3 millones. Es decir, que el retraso que lleva la justicia española es considerable.

Desde luego que esfuerzos monetarios  se han hecho, y muchos: de hecho, el presupuesto en esta materia ha aumentado entre 2009 y 2010 un 7.2%. Pero a tenor de lo visto, no todo es cuestión de dinero. No puede ser que en España tengamos 10 jueces por cada 100 habitantes, frente a los 24 de Alemania o los 12 de Francia (datos de la C.E.) y que, sin embargo, tengamos más número de funcionarios relacionados con la Administración judicial que ningún otro país 93 por cada 100.000.

Parece lógico que algo hay que cambiar para intentar dar salida a unos tribunales que cada vez están más colapsados. Y esto es una realidad. A tenor de lo que dicen las Asociaciones de Jueces y Abogados, es necesaria una reforma profunda del sistema. No sólo en la parte legislativa, sino también en la informatización del proceso y la unificación de distintos trámites.

Estas soluciones requieren tiempo, dinero –que no tenemos- y no garantizan el éxito completo de la misma. Por eso me parece que la decisión del ministro Gallardón de gravar los recursos a segunda instancia es acertada. Contribuirá a rebajar la litigiosidad en España –teniendo en cuenta que sólo en las Audiencias Provinciales el 86% de los recursos presentados se devuelven confirmando la sentencia anterior.

Lo público es de todos, y hay que crear conciencia de que no es gratis

Una medida como la que ha anunciado Gallardón puede hacer que más de uno y más de dos se plantee recurrir por “una argucia legal” para ganar tiempo, y que por tanto baje la carga en los juzgados. Eso sí, sin olvidar que hay que hacer muchos más cambios como recuerda el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Sin embargo, es fundamental que desde el Estado se empiece a hacer una tarea básica: concienciar a la sociedad de que acudir a un Tribunal no es algo gratuito, que debe hacerse sólo cuando no queda más remedio. En definitiva, empezar a crear una mentalidad de que lo público es de todos, lo pagamos entre todos, y que eso no es sinónimo de gratuidad ni de abuso. Y por cierto, eso es aplicable a otros ámbitos como la Sanidad.