Como el propio Gobierno indica, la norma da cumplimiento a los compromisos recogidos en el Memorándum de Entendimiento (MoU) acordado con la Unión Europea como parte del programa de asistencia para la recapitalización del sector financiero.
La realidad es que el Proyecto sigue en la línea de acotar y acortar la realidad que actualmente viven las más importantes Cajas, como consecuencia del desastre vivido en los últimos años. Por este motivo su desarrollo se centra en las Fundaciones bancarias.
Respecto al resto de entidades, las pequeñas cajas de ahorro supervivientes de esta crisis, se limita a rehacer lo en su día deshecho por Fuentes Quintana, recuperando los límites territoriales de actuación, así como intentando controlar aspectos como el de la dimensión de sus activos.
En concreto establece límites de orden:
Operativo. Vinculando explícitamente la actividad financiera de las cajas con los clientes minoristas y las pequeñas y medianas empresas. Eliminando la posibilidad de que las cajas no puedan dedicarse a actividades financieras complejas.(Habrá que ver como se formaliza esto)
Territorial. Se establece que el ámbito de actuación de las cajas de ahorros no podrá exceder el de una Comunidad Autónoma. No obstante, podrá sobrepasar este límite siempre que actúe sobre un máximo total de diez provincias limítrofes entre sí.
Volumen. Las cajas de ahorros no podrán tener un activo superior a los diez mil millones de euros o una cuota de depósitos por encima del 35 por 100 de los de la comunidad autónoma en la que operen. Si se exceden estos límites de tamaño (naturaleza sistémica), las cajas han de traspasar su actividad financiera a un banco, que será participado por una fundación bancaria.
De igual manera se trata de establecer un procedimiento de control de las mismas que escape, en lo posible, a la incidencia en la gestión de partidos políticos y asociaciones profesionales (sean patronales o sindicatos obreros), reforzando el control de los impositores.
A este efecto se atribuye una representatividad a los impositores de entre el 50 por 100 y el 60 por 100 de los consejeros generales, limitando la facultad de las Administraciones Públicas a un máximo del 25% de los mismos.
Así mismo se refuerza la incompatibilidad del ejercicio del cargo de miembro de los órganos de gobierno con el de todo cargo político electo, y con cualquier cargo ejecutivo en partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales, así como con altos cargos de las administraciones públicas. Igualmente se requiere que, al menos, la mitad de los miembros del Consejo de Administración sean independientes, y no podrán tener tal consideración los que sean consejeros generales.
En definitiva, tal y como nos tiene acostumbrados este Gobierno, todo muy reglamentista y muy aparente, pero no se facilita mínimamente la creación un nuevo tejido de pequeñas entidades financieras, de ámbito local, que pudieran canalizar el crédito al consumidor final, a la economía real.
Y es que la mayoría de nuestros Bancos se han convertido en Bancos zombis, a semejanza de sus homónimos japoneses.
Los Bancos Centrales no acaban de comprender el por qué, a pesar de la abundancia de liquidez en el interbancario, generada por el BCE, y los bajos tipos de interés, los créditos no fluyen. Y es que se sorprenden de cosechan aquello que han plantado.
La mayor parte de los Bancos españoles se encuentran con que:
1. Siguen refinanciando créditos dudosos.
2. Mantienen activos sobrevalorados a la realidad de los mercados, y no solo en el sector inmobiliario, también en el industrial, con participaciones societarias ruinosas
3. La profunda desconfianza en los sectores productivos les hacen desviar sus inversiones a Deuda Pública, con escaso riesgo y alta rentabilidad para el coste que tienen por el dinero
4. Las presiones de las propias Administraciones Públicas les dificulta el no acudir a sus emisiones de Deuda.
Estados Unidos, ese país “subdesarrollado” para la mentalidad de nuestros “expertos económicos oficiales” – que no son premios nobeles porque no quieren desprestigiarse recibiéndolo – tiene más de 9.000 bancos independientes.
Indudablemente en estas épocas de crisis muchos han quebrado – a diferencia de nuestro sistema, que no se permite quebrar a ninguno – pero muchos más salen adelante, y el dinero llega a su destino: familias, profesionales y empresas, cumpliendo su cometido, que no es sino el de crear riqueza, para poder salir de la crisis.
Nuestros gobernantes, todos ellos “sabios que tiran con pólvora ajena” han apostado por el modelo contrario. Así nos va.
Esta reforma, por supuesto la “definitiva”, no nos ayudará a salir de la crisis, confiemos en que se produzca otra con nuevos criterios, lo antes posible.
José Barta
