La intención del Gobierno es ahorrar 7.100 millones, de una forma un tanto extraña. El objetivo es limitar el gasto en aquellos Ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes, pero dando más peso a las Diputaciones Provinciales, algo que no convence a la mayor parte de los Alcaldes.

Pero tras esta cita importante, tendrá también que reunirse con los hombres de negro. La Troika llega a Madrid para supervisar la reforma de sistema financiero con varios puntos en la agenda del día: las entidades nacionalizadas, la revisión de los créditos refinanciados y el decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía. Difícil examen que, sin embargo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ve como algo rutinario.

De Guindos, por cierto, que ha quitado también importancia a la evolución de la deuda en el primer trimestre del año. 400 millones al día ha aumentado, hasta sumar  923.000 millones de euros, el equivalente al 87.8% del PIB. Una cifra récord que, según De Guindos, responde –en parte- al rescate financiero y al Plan de Pago a Proveedores. Un plan, por cierto, que no sirvió para que las Administraciones empezaran a regularizar sus pagos.

Rutinarios también parecen ser los sobresueldos en la sede del Partido Popular. Al menos es lo que empieza a derivarse de las últimas declaraciones ante la justicia que hemos conocido de dirigentes de la formación. El Presidente del Senado, Pío García Escudero reconoce que cobraba 4.200 euros mensuales, aunque por transferencia y con las debidas retenciones. También el diputado popular Eugenio Nasarre habla de algo estandarizado. En su caso, 1.800 euros por responsabilidades orgánicas declarados. Aunque también reconoce un donativo de 70.000 euros en efectivo para su fundación.

Ahora tendrá que ser el juez quien dictamine si es verdad, o no, que esos sobresueldos estaban declarados y con retenciones de IRPF o si, por le contrario, forman parte de una contabilidad B, tal y como aparece en los supuestos papeles de Bárcenas