Los costes políticos y un Estado hipertrofiado son inasumibles para una economía como la nuestra y algunos líderes empiezan a poner esta cuestión en evidencia. Curiosamente se trata de mujeres líderes de varios partidos las que están dando más de sí en sus quejas hacía este sistema obsoleto que nos está arruinando.
Se trata de Rosa Díez, líder de UPyD y de Esperanza Aguirre, una de las líderes del Partido Popular, por mucho que duela a los otros líderes masculinos.
Ambas opiniones están agrupando a una gran parte del electorado que ya piensa en un 40% que es mejor re-centralizar el Estado y no seguir con este experimento fallido del Estado de las Autonomías, según el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas, que nos ha arruinado, o al menos está destruyendo el Estado del Bienestar al que nos habíamos acostumbrado.
Miles de empresas públicas creadas ex-profeso para servir al clientelismo político, todas ellas deficitarias, que se sepa, todas ellas ineficientes conducen a nuestra economía a una situación tal que podríamos estar próximos a un punto de no retorno.
Serán los grandes institutos de análisis económico en España, como FEDEA, Flores de Lemus, Juan de Mariana, el Centro de Estudios del BBVA y otros, los que deban hacer un análisis serio de los costes de este Estado autonómico, y de cómo se pueden conservar los servicios que los ciudadanos queremos tener a cambio de nuestros impuestos.
No podemos esperar que sean los políticos quienes tomen la delantera en este cambio que necesita nuestra economía. No podemos esperar que ellos mismos eliminen sus cargos políticos, sus dietas, coches oficiales y resto de privilegios. Eso es una utopía.
Justo estamos necesitando el papel de estas mujeres valientes (y cualquier líder de opinión, masculino o femenino) que dicen lo que piensa ya una mayoría de los españoles. No podemos permitirnos esta súper-estructura del Estado, ni unos déficits públicos enormes y continuados, ni jugar al despilfarro con el dinero de las siguientes generaciones. Ni tampoco permitir que se desmantele el Estado del Bienestar al mismo tiempo que se mantienen estos personajes en sus asientos. Ni que ya se hable de un cambio radical en el cálculo de las pensiones para, supuestamente garantizarlas en un futuro, mientras al mismo tiempo toleramos unos costes políticos inasumibles. Ni que se hayan suprimido en un año sólo 460 empresas públicas de las 4.000 previstas, ni que sigan 13.700 personas en esas empresas públicas en la actualidad, más de las que había en 2008, comienzo de la crisis.
Sin duda es imprescindible el adelgazamiento del Estado, muy especialmente estas empresas públicas y organismos que asfixian a la economía, y es absolutamente necesario su eliminación si queremos ver luz al final del túnel y que nuestra economía tenga unas tasas de crecimiento adecuado que nos permita reducir nuestra extravagante tasa de desempleo.
Manuel Caraballo Callero
Economista
