En estos días, ha surgido un rumor sobre un estudio que está llevando a cabo el Ministerio de Fomento, sobre la implantación de un canon a los vehículos por el uso de las carreteras, autovías y autopistas españolas, que tendría una cuantía de 40 euros anuales.
Sinceramente, creemos que esto es ya la gota que colma el vaso, porque tanto automovilistas como conductores profesionales y camioneros, están hartos de que la carretera, el automóvil o la profesión de transportista sirvan como soluciones o alternativas para equilibrar presupuestos.
La alta fiscalidad impositiva que afecta al sector de la automoción y el transporte, tanto sobre vehículos como en carburantes, debería dedicarse, precisamente, al mantenimiento de las carreteras y servicios anexos. Y eso, sin contar con la notable recaudación de las sanciones por infracciones en el tráfico, que supone un buen “pellizco” lo que ayudaría a paliar el déficit y a mejorar la seguridad vial, porque, ¿adónde se destinan los cientos de millones de euros que la DGT recauda en multas cada año?.
Por otro lado, la implantación de un impuesto de circulación nuevo, chocaría de lleno con el Impuesto de Circulación, el famoso “numerito”, que anualmente se abona a los ayuntamientos españoles. Y en este sentido, surge la pregunta: ¿Es que hay que pagar dos veces por un mismo hecho, lo llamen como lo llamen?. Creemos que este nuevo gravamen rozaría la inconstitucionalidad.
Con las recaudaciones por sanciones de tráfico, se podrían mantener durante el año las carreteras, autovías y autopistas españolas, sin necesidad de recurrir a presupuestos extraordinarios o a imponer una tasa por el uso de los viales. Es de esperar que las mentes pensantes que estudian la implantación de un nuevo impuesto, tomen conciencia de que asfixiando al automovilista y al camionero, lo único que se conseguirá será reducir muy considerablemente la circulación de vehículos, con el consiguiente empobrecimiento de la sociedad española.
Si se llega a implantar el pago por el uso de las carreteras, es posible que se acaben los “atascos”, se reduzcan los accidentes y el tráfico será más fluido, pero lo que sí es seguro es que se aumentará injustamente la presión fiscal y habremos perdido libertad.
