Para que una página web cueste 437.000 euros, como ha costado la del Senado, hace falta una tecnología que ni las grandes corporaciones se pueden permitir, que tendrían su derecho, para estar en contacto con sus clientes. Frente al riesgo empresarial, tenemos aquí a 266 señoritos a los que damos de comer entre todos, por ejercer funciones de relectura de lo que emana del Congreso. Y gracias.

Toda la justificación que estos representantes de sí mismos han encontrado para explicar el coste de esta nueva web es que se trata de una “inversión en democracia”. Textual. Como si fueran monarcas absolutos: todo para el pueblo, pero sin el pueblo.

Es más, a ellos ese concepto de “pueblo” les estorba, es como un incómodo moscón que es mejor espantar salvo para pasar el cazo, recaudar, y llamar a urnas cada cuatro años con el chantaje social del bien común. A mí no me la dan con queso. Fuera de estas ondas me gano la vida precisamente con ese negocio, con el online, y tal como han presentado esta operación es una inmensa tomadura de pelo. Que pagamos, una vez más, a escote. A base de rascarnos el bolsillo.