Veremos hoy si lo comprobamos en la subasta del  Tesoro, después de que haya revisado con perspectiva negativa a los bancos, rebajado la nota de la SEPI, ADIF y CORES, y tras bajar el rating a ocho Comunidades Autónomas. Entre ellas: Andalucía, Castilla y León, Madrid, País Vasco y Cataluña –a la que deja al borde del bono basura-.

Realmente la agencia de calificación tampoco dice nada que no sepamos. Que las autonomías tienen graves problemas con su déficit. Hasta ahí todo bien, y viene a ser la demostración de que el Gobierno tiene que poner toda la carne en el asador para frenar la sangría autonómica. Por ello es vital un plan de racionalización de la estructura de las Comunidades Autónomas en su sentido más amplio: competencias, consejerías, parlamentos, salarios públicos y, por supuesto en el de las más de 4.000 empresas públicas que existen.

Cierto que proporcionan una gran cantidad de empleo, 150.000 personas, pero también lo es que muchas de esas compañías han servido detrás para esconder una realidad aún peor de la que tenemos encima de la mesa con el déficit. Hasta 57.000 millones acumulan de deuda. De ahí que sea vital depurar los tumores, para evitar el contagio en un corto plazo de tiempo.