La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Saénz de Santamaría ha explicado que esta norma quiere mejorar la credibilidad y la confianza de las instituciones, por ejemplo dando a concoer cuánto cobran los gestores, a qué dedican el dinero y si no cumplen en qué lo han despilfarrado. Se pretende seguir el ejemplo de otras economías más transparentes y para ello se castigará con hasta 10 años de inhabilitación a los cargos públicos que oculten datos o los falseen de manera intencionada, además de que se llevarán su correspondiente multa. Esta ley incorporará sugerencias de los ciudadanos porque se abren las consultas a partir del lunes vía Internet para mejorarla hasta que finalmente sea presentada el próximo 17 de abril. Ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, decía que esta Ley hará que "la gente sepa en qué se gasta su dinero", y que "si se enchufa" a alguien "salga el nombre y apellidos y se explique cuáles son las razones por las que se contrata". En este punto ya se sabe, cuidado con lo que se dice porque por la boca vive o muere el pez. Ni siquiera se ha aprobado al 100% y ya deberían dar explicaciones de por qué el cuñado del ministro Miguel Arias Cañete dirige la Sociedad Estatal de Caución Agraria, dependiente del ministerio que Cañete controla: el de Agricultura. También por qué el hijo del diputado Marcelino Oreja es presidente de FEVE. O por qué Ángeles Alarcó, exesposa de Rodrigo Rato, es la presidenta de Paradores Nacionales. Es una Ley que hacía falta para poner freno al despiporre público de los cargos elegidos a dedo pero con esas pretensiones faltan algunos "porqués". Sin pretender imitar a un blanco portugues cabreado digo: no entiendo.