Además del espectáculo, tan digno de seguir hundiéndonos en la infrahistoria de los países sin rumbo, esta segunda decisión judicial que suspende de forma cautelar la privatización de la Sanidad es también un recordatorio de quiénes son quienes forman el primer poder, y cuáles son sus responsabilidades. Los chanchulleros con mando en plaza dicen que el proceso va a seguir, que no se puede parar a la espera de ver qué resuelve la Justicia. Mienten, y lo saben: paran decisiones menos complejas por cuestiones mucho más livianas. Así que a otro perro con ese hueso.

Adelante. Que sigan, pues. Pero si finalmente la justicia dicta que hay que desmantelar todo el tenderete, han de ser ellos, quienes han decidido en la primera línea, quienes paguen de su bolsillo todos los desperfectos. Bien por ignorancia, como argumentarán, en cuyo caso tienen el dolo de la imprudencia temeraria en la gestión del bien público; bien por conocimiento, como ustedes y yo nos tememos, en cuyo caso hablaríamos de prevaricación. Y eso, señores míos, es un delito tipificado.