En medio del debate sobre la necesidad de imponer el copago en nuestras vidas, este viernes arranca la reforma de las empresas públicas. El Gobierno tiene previsto ocuparse de 49 –el 35% de las que tiene en propiedad- de las que va a cerrar unas 27. Entre las que se van a extinguir: la sociedad Pública de Alquiler, la Sociedad Estatal para la Venta de Acciones de Loterías y Apuestas del Estado u otras de incomprensible funcionamiento todavía como la Sociedad del V centenario del Descubrimiento de América o Barcelona Holding Olímpico –creada para los Juegos del 92-.

Poda de empresas públicas que tendrá que extenderse también a Comunidades y Ayuntamientos para recortar las más de 2.300 empresas, 613 fundaciones y 1.000 consorcios públicos.  Todos ellos con una deuda cercana a los 60.000 millones de euros, que no computan como déficit y del que ningún  Gobierno quiere hacerse cargo al ser “externas” a su gestión.

Este tipo de empresas nacieron con el objetivo de cubrir aspectos de los que la iniciativa privada no se ocupa. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que se han convertido en redes de clientelismo político y alfombras bajo las que esconder deudas astronómicas. Todo el mundo lo sabía y todos miraban hacia otro lado. Por eso la situación actual requiere de una profunda. Que se acaben los clientelismos y la falta de transparencia, porque este país necesita ganar credibilidad para atraer nuevos inversores. Y si la poda debe llevar al cierre de todas. Como decía el otro… HAGASE