Poner en valor inmuebles del Estado

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Hace unos días, la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría ofreció el dato de 55.000 propiedades, propiedad del
Patrimonio del Estado. La realidad es que esas 55.000 propiedades son
por ahora 55.000 fichas de inmuebles de todo tipo. Entre ellas hay 4.000
solares, 14.100 edificios, 350 propiedades en el extranjero y miles de
fincas rústicas.

Y aun la realidad es más cruda, ni siquiera se puede afirmar que sea
55.000 el número total, dado que no se ha actualizado en los últimos 10
años, y que no se contemplan las propiedades de empresas de titularidad
pública.

Urge como primer paso la actualización pormenorizada de estas
propiedades, incorporando las pertenecientes a las empresas y
organismos públicos dependientes de la Administración Central. El trabajo
se debe acometer con la máxima urgencia ya que se trata de unos activos
que, según el tratamiento que reciban, pueden suponer importantes
ingresos o importantes pérdidas – estas últimas en forma de gastos
innecesarios -.

No todos los edificios son susceptibles de ser utilizados como oficinas,
viviendas u otros usos lucrativos; algunos de ellos son edificios histórico
artísticos de difícil o imposible explotación, que no sea la derivada de
dicha condición, en cualquier caso, dada la experiencia que he venido
acumulando desde principio de los años 90, los resultados de un
inventario como el que planteo deparará numerosas sorpresas, entre las
que se encontrara el incremento del número de edificios utilizables desde
la perspectiva del desarrollo de actividades administrativas.

El inventario debe realizarse sobre la totalidad de los inmuebles
vinculados a la Administración Central, independientemente de su
titularidad. De esta manera se podrán inventariar los inmuebles en
propiedad, los inmuebles en usufructo permanente de diverso origen
y los inmuebles en usufructo por arrendamiento (sobre estos últimos
se adelanta la cifra de 1.000 inmuebles, que en realidad será superior,
al incorporar los edificios utilizados por empresas públicas y otras
instituciones)

Realizada esta labor los siguientes pasos son sencillos y todos ellos

tiénen precedentes históricos recientes fuera de España, siendo los más
destacados los del Reino Unido.

En primer lugar se tratará de reducir el número de inmuebles
arrendados, y seguidamente – si bien los tiempos se suelen solapar – se
procederá a la adecuación para la venta de aquellos activos que mejores
condiciones de mercado encuentren. Estos últimos, ya se lo adelanto,
serán los edificios mejor situados, con menores cargas urbanísticas,
y alquilados por la propia Administración, con contratos de duración
variable y otras condiciones a negociar con los inversores.

Toda una estrategia de puesta en valor se debe desarrollar para lograr
que, este objetivo, sea lo más ambicioso y rentable posible. Y se puede
logra.

Con esto incorporaríamos a las arcas del Estado importantes cantidades
para afrontar su deuda (que, comparada con países como Alemania,
no me resulta tan disparatado) y reducir su déficit, lo que repercutiría
muy positivamente en la economía del país, que se libraría de – o vería
suavizadas – nuevas medidas dirigidas al incremento de la recaudación
fiscal, con repercusión inmediata en el consumo y en la inversión de
empresas y familias.

Las dificultades encontradas en operaciones similares (aparentemente)
por algunas autonomías, no se repetirían en este proyecto dada la mejor
calificación financiera del estado español, a la hora de garantizar los
alquileres, así como la adecuada gestión de las expectativas de plusvalías
para los inversores, algo que no resulta fácil, pero que es posible.